EL PRESIDENTE OFICIALIZÓ HOY SU DECISIÓN DE VETAR EN
SU TOTALIDAD EN LA LEY DE EMERGENCIA OCUPACIONAL, QUE PREVEÍA LA SUSPENSIÓN DE
DESPIDOS POR 180 DÍAS Y LA DOBLE INDEMNIZACIÓN. LO HIZO A TRAVÉS EL DECRETO
701/2016 PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL, EN EL QUE ADVIERTE, ENTRE OTRAS
CUESTIONES, QUE "SU APLICACIÓN CONGELARÁ LOS EMPLEOS.
El presidente Mauricio Macri oficializó este lunes
el veto a la ley de emergencia ocupacional aprobada por el Congreso, que
preveía la suspensión de despidos por 180 días y la doble indemnización, y
volvió a advertir que "su aplicación congelará los empleos” e
“incrementará la pobreza”.
Así lo hizo mediante el decreto 701/2016, publicado
en el Boletín Oficial, acompañado de una extensa argumentación en la que se
renuevan las críticas ya formuladas a la iniciativa presentada por el Frente
para la Victoria y sancionada por la Cámara de Diputados el jueves pasado.
“Obsérvase en su totalidad el proyecto de ley
registrado bajo el N° 27.251”, ordena la resolución, al tiempo que dispone que
se lo devuelva al Congreso de la Nación.
Para explicar su rechazo la norma, el Poder
Ejecutivo arranca sosteniendo “que uno de los grandes objetivos propuestos por
el Gobierno es avanzar hacia la pobreza cero, y que para lograrlo se encuentra
realizando acciones y políticas para crear millones de puestos de trabajo, a
los fines de que la mayor cantidad posible de habitantes de la República
Argentina tengan trabajo”.
En ese marco, añade que “ello incluye a los
trabajadores registrados actuales -que son los que contempla la norma
sancionada- pero también a los trabajadores informales, a los futuros
trabajadores y a los miles de jóvenes que deberían ser incorporados al mercado
de empleo”.
Asimismo, indica “que, por otro lado, la no
diferenciación de la modalidad contractual que impone el artículo 2° del
proyecto de ley sub examine importa desconocer las particularidades de los
distintos tipos de contrataciones que se utilizan en las relaciones laborales,
como por ejemplo las celebradas a plazo fijo, eventuales, por equipos, o las
previstas para la industria de la construcción, entre otras, afectando los
principios de igualdad y de razonabilidad”.
También, subraya que “el Gobierno está adoptando
las medidas necesarias para generar confianza y que se concrete un período de
expansión de la inversión y crecimiento económico y, por lo tanto, de
generación de empleo genuino".
“Por otro lado, son una realidad los diversos
planes en materia de obra pública, en sus diversas modalidades contractuales
para generar las obras de infraestructura, ferrocarriles, rutas, puertos y
energía que hacen falta en nuestro país, tanto en el ámbito nacional como
provincial y municipal”, completa, y afirma que “ello se vincula además con la
nueva situación de la República en lo que hace a sus relaciones con el mundo,
su reinserción en el sistema financiero internacional y la normalización de las
variables de su economía”.
En ese sentido, afirma que “dicha situación viene
generando que tanto la Nación, como así también las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, puedan concretar diversas iniciativas, contando para
ello con la opción de obtener diversas fuentes de financiamiento, tanto en el
orden nacional como internacional”, y asevera que "igual situación se
replica en el ámbito privado, donde también se manifiestan nuevos accesos al
financiamiento y expansión de créditos".
Por lo tanto, sostiene “que en lugar de mejorar las
condiciones para generar nuevos empleos, el proyecto de ley que aquí se analiza
importa una propuesta limitada, que no acompaña el contexto actual en el que la
enorme mayoría de las empresas nacionales y extranjeras han manifestado su
vocación de crear puestos de trabajo en lugar de reducir personal, porque
confían en el potencial de la República Argentina en esta nueva etapa, y
apuestan por el país”.
Al igual que como ya lo hicieron en declaraciones
públicas el Presidente y distintos funcionarios, el decreto remarca que
“contrariamente a lo fundamentado en la propuesta normativa bajo examen, su
aplicación congelará los empleos, mantendrá en la misma situación a los miles
de argentinos que hoy trabajan en la informalidad e incrementará la pobreza,
como sucedió en los últimos años”.
También advierte que “el pesimismo y la
desconfianza que fundamentan el proyecto en análisis se basa en la idea de que
en nuestro país no se puede generar trabajo, de que estamos condenados a
conformarnos con la situación crítica en la que nos dejaron luego de 5 años en
los que el empleo no creció”.
En otro párrafo, recuerda que “respecto de las
pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más de 70% del empleo
privado en el país, se han propiciado una serie de medidas para reducir su
carga fiscal y financiera”.
En ese sentido, se detallan “la creación de un
Régimen de Fomento de Inversiones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas;
el pago a cuenta en el Impuesto a las Ganancias por Inversiones Productivas; un
Bono de Crédito Fiscal por Inversiones en Bienes de Capital y en Obras de
Infraestructura, un tratamiento impositivo especial para los sujetos que se
encuadren en la categoría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, un Régimen de
Financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que se encuentran
en estudio en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”.
Por otra parte, la argumentación del veto a la ley
antidespidos sostiene que “la información obrante en el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social indica que durante el primer trimestre de 2016 el
número de asalariados privados registrados presentó un crecimiento del 0,4% con
respecto al primer trimestre de 2015”.
Además, recuerda que “el Gobierno tiene otros
mecanismos para proteger a las empresas que están en dificultades, tales como
el Programa de Recuperación Productiva -REPRO-, un mecanismo que permite que el
Estado pague parte de los salarios de las empresas con dificultades a fin de
evitar que se despida personal”, y remarca que mientras en 2015 el número de
trabajadores acogidos al citado programa “era 67.200”, en la actualidad “el
número oficial de trabajadores con programa REPRO es de 9.087, encontrándose
acogidas a este régimen sólo 23 empresas en todo el país”.
También asevera que “es reducido el número de
procedimientos preventivos de crisis registrado durante el año 2016” e indica
que la emergencia ocupacional de la ley ahora vetada “ya se encuentra vigente
-hasta el 31 de diciembre de 2017- de conformidad con lo dispuesto por la Ley
N° 27.200, que prorrogó la vigencia de los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 6° de la
Ley N° 26.204, prorrogada por sus similares 26.339, 26.456, 26.563, 26.729 y
26.896”.
En otro orden, el decreto señala “que en el breve
lapso transcurrido de esta gestión de gobierno, se han asignado importantes recursos
en materia de políticas sociales y productivas”, y detalla que “en tal sentido
se impulsó la Ley de Primer Empleo para los jóvenes, se acordó aumentar el
salario mínimo, vital y móvil, y el seguro por desempleo, y se elevó el mínimo
no imponible para la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias”.
“Por otra parte, se está realizando una inversión
social de más de treinta mil millones de pesos, que va a permitir que más de 10
millones de argentinos, entre ellos, monotributistas, jubilados, trabajadores
temporarios, beneficiarios de la Asignación Universal por hijo, vean mejorada
su situación de manera directa”, agrega.
Asimismo, destaca que “en lo que hace a la
evolución de las relaciones colectivas del trabajo, se vienen desarrollando con
normalidad las negociaciones correspondientes, en un clima de tranquilidad que
no debe verse afectado por la conflictividad que generaría una norma como la
que aquí se examina”.
Ya sobre el final, recuerda que “los empresarios,
desde su rol de generadores de empleo y producción, se comprometieron a no
reducir los planteles de empleados durante al menos los próximos noventa días;
a generar planes de inversión para promover más puestos de trabajo y a trabajar
junto al Gobierno Nacional y a los sindicatos en una agenda de desarrollo y de
mejora de calidad del empleo en el país, sector por sector”.
Además, afirma que “la prioridad del gobierno
nacional es pobreza cero, y que la mejor manera de alcanzar este objetivo es
mediante la creación de más empleo”, al tiempo que remarca que “el diálogo y
trabajo conjunto entre trabajadores, el Estado Nacional, los sindicatos y
empresarios es el modelo para generar empleo”.
En el cierre del decreto, el Ejecutivo recuerda que
“en los años 2010 y 2014 los más altos referentes del oficialismo de entonces,
se manifestaron enfáticamente en contra de la adopción de medidas del tenor de
las que propone el proyecto de ley en estudio, por su manifiesta inconveniencia
y falta de razonabilidad”.
“Dichas manifestaciones son públicas y se refieren
en forma negativa a este tipo de normas. Así, se ha manifestado en forma
pública que 'tiene efectos completamente opuestos', que 'iban a tener una
reacción inversa a lo que necesitaban los trabajadores', que son 'una
repetición de lo que se hizo después de la convertibilidad y que significó una
licuación del poder adquisitivo', que 'resulta evidente la intención de ayudar
a fabricar artificialmente otras crisis'”, repasa.
Por lo tanto, sostiene que “tales manifestaciones
son también aplicables para la situación actual, por lo que luce irresponsable
que en una materia sensible como es el de la creación de empleo se modifique la
posición en función de una supuesta conveniencia puntual”.
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