DOS JUECES CITARON A DE VIDO POR LA TRAGEDIA DE ONCE Y POR LA COMPRA DE VAGONES

El ex ministro de Planificación, Julio de Vido, quedó en la mira de la justicia luego de que el juez federal Claudio Bonadio lo citara a prestar declaración indagatoria por su presunta responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, mientras que el juez Julián Ercolini lo citó por la compra de material ferroviario a España para el ramal Belgrano Cargas.

Por esta última causa, Ercolini accedió a un pedido que este lunes mismo formulara el fiscal Federico Delgado de indagar al ex secretario de transporte kirchnerista Ricardo Jaime, detenido durante el fin de semana, quien negó su responsabilidad en esa operación, y apuntó a la decisión a De Vido y del gobierno del fallecido ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner.

Jaime dijo que el Plan de Modernización Ferroviaria implementado en el año 2005 mediante la compra de material rodante usado a España y Portugal se realizó por “expresas instrucciones” del Poder Ejecutivo.

"Cumplí directivas del Poder Ejecutivo, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner", resaltó el ex funcionario, quien negó que se tratara de “chatarra” pese a tratarse de vagones usados.

Bonadio citó a De Vido luego de que la semana pasada el Tribunal Oral Federal 2 de la Capital difundiera el fallo por la tragedia de la estación Once del 22 de febrero del 2012, en la que murieron 52 personas.

De Vido deberá presentarse el 21 de abril próximo a las 10 en el cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py, donde el juez tiene su despacho.

El TOF2 atribuyó el siniestro a una “empresa criminal” entre funcionarios y empresarios por la cual se abandonaron la tareas de mantenimiento que “afectaba las condiciones de seguridad” y produjo “un incremento indebido del riesgo” que terminó causando la tragedia ferroviaria.

Respecto del entonces ministro de Planificación Federal, el tribunal oral dijo que "pese a haberse acreditado una intervención determinante” en los hechos de los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Jaime en esa mecánica, “ello no eximiría de responsabilidad a De Vido, ya que difícilmente se puede alegar un desconocimiento acerca de las circunstancias que hemos probado".

En el juicio, Schiavi fue condenado a 9 años de prisión, al igual que el concesionario Sergio Cirigliano. Mientras que Jaime recibió una pena unificada de seis años, entre el total de 21 condenados.

Ambos están acusados también por la compra del material rodante a España y Portugal destinados a la modernización del ramal Belgrano Cargas.

El pedido del fiscal Delgado para que De Vido sea indagado se produjo en el mismo momento en que Jaime declaraba en el despacho de Ercolini, y en rigor es una reiteración de un pedido que hizo en el 2013 ante el magistrado y que no había tenido respuesta. De Vido deberá comparecer a indagatoria el 27 de abril.

Ahora la fiscalía consideró que debe ser citado como imputado ante las detenciones de Jaime, su ex asesor Manuel Vázquez, quien también esta detenido y hoy declaró ante el juez, y las citaciones a declaración indagatoria del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y de Ignacio Soba Rojo y Ricardo Testuri.

El 18 de junio de 2013, Delgado había pedido la indagatoria a De Vido en base a un informe de la Auditoría General de la Nación que dio origen a la denuncia y que se refería a la defraudación por la compra de material inservible en el marco de la declaración por decreto de la emergencia ferroviaria.

En ese marco, el Estado firmó contratos con España y Portugal por parte de la Secretaría de Transporte mientras que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios tuvo intervención en la instrumentación de los acuerdos.

Y según la causa judicial, los acuerdos terminaron en "gravísimos incumplimientos" como la compra a España de vagones "en muy pobre condiciones, con roturas visibles y partes faltantes".

La recepción de los materiales se realizó en los países vendedores y en algunas circunstancias ni siquiera estuvo presente el representante argentino. O sea, no había nadie para verificar qué era lo que se compraba", recordó la fiscalía.

Además aludió a los sobreprecios pagados por el Estado Nacional que superaron casi en el doble al valor de plaza en algunos casos.

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