Desconsolada y todavía sin comprender bien el criterio del
Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ), Rosa Castro abandonó ayer
los tribunales cipoleños de España y Urquiza con la peor noticia: se ordenó la
liberación de su ex marido, condenado por los abusos reiterados a sus hijas. En
un marco judicial similar, ya han liberado a otros violadores, los cuales se
fugaron.
A.R.G. debe cumplir 10 años de prisión efectiva porque fue encontrado culpable
por la Cámara Segunda de Cipolletti. Gran parte del proceso judicial lo vivió
en libertad y quedó preso por la firme determinación de la parte querellante,
que hizo distintas presentaciones ante los camaristas y el STJ.
Pero los vericuetos de la Justicia parecen inclinarse a
favor de los condenados, y en los últimos días los jueces que forman parte del
máximo tribunal rionegrino confirmaron lo resuelto a principios de julio,
cuando respondieron en forma favorable a una casación interpuesta por los
abogados particulares Oscar Pandolfi y Marcelo Inaudi en la causa “Umile”. A
partir de este antecedente, muchos abusadores quedaron en condiciones para
mantenerse lejos de las cárceles, explicaron fuentes judiciales.
En este marco, la presente semana arrancó con un gran movimiento en los
pasillos del edificio penal local, debido a que un tribunal conformado por
Julio Sueldo, Sonia Martín y Marissa Palacios estaba obligado a resolver
rápidamente un pedido de libertad por A.R.G. (no se brindan datos filiatorios
con el fin de proteger a las víctimas). Enterada de la novedad, Castro fue a
pedir explicaciones y los jueces se limitaron a escucharla. “(El fiscal
Gustavo) Herrera pidió que se me escuche”, precisó la cipoleña que impulsó la
ley de grooming a nivel nacional.
De poco valieron los argumentos de la vecina, y hoy el hombre que fue condenado
por abusar de sus hijas goza de la libertad.
Ya hay dos prófugos
En concreto, el STJ plantea que mientras la sentencia no
esté firme y el condenado pueda recurrir a la Corte Suprema de la Nación, una
cámara criminal no está en condiciones de imponer una pena privativa de la
libertad. Asimismo, en las instancias iniciales de la investigación sólo se
pueden dictar preventivas por causales como el riesgo de fuga o el
entorpecimiento del trabajo judicial. Lamentablemente, destacaron las fuentes,
las prerrogativas a favor de los condenados ya derivaron en al menos dos casos
donde los autores de abusos huyeron y no cumplen con el castigo impuesto.
Atados de pies y manos, Castro y Herrera acordaron avanzar con una casación e
insistir en que el condenado vaya preso. De igual modo, los familiares de
víctimas de abusos y organizaciones sociales se encuentran movilizados y
mantuvieron contactos con legisladores y funcionarios judiciales para que se
ponga en discusión el polémico fallo jurisprudencial del STJ.
El escenario para los vecinos que reclaman justicia en los casos de abusos
sexuales no es el mejor y los defensores de los violadores tienen hasta tres
instancias para mantenerlos libres: casación y recurso extraordinario elevados
al STJ y queja ante la Corte Suprema de Justicia. Fuente La Mañana de
Cipolletti
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