La Legislatura sancionó por
mayoría la ratificación de los acuerdos de renegociación de los contratos
petroleros con las empresas Petrobras, YPF-YSUR, Entre Lomas y Tecpetrol.
Además, aprobó la adhesión a la ley nacional que contempla el nuevo régimen legal
hidrocarburífero y la modificación de la ley provincial Q nº 4818.
La iniciativa enviada por el
Poder Ejecutivo fue desglosada en dos proyectos durante la sesión y fue votada
por separado: por un lado se trató la adhesión a la ley nacional y por otro, la
modificación de la ley provincial y la renegociación de los contratos. El
radicalismo votó en contra de la adhesión y los bloques Eva Perón y Néstor
Kirchner y la legisladora Ana Piccinini se retiraron del recinto antes de la
votación de ambos proyectos.
El legislador Martín Doñate
fundamentó el retiro de los legisladores. Con respecto a la ley nacional,
explicó que no era necesario votar una ley nacional que ya está en vigencia.
Con relación a la modificación de la ley provincial, aseguró que se está
produciendo un “avasallamiento a la ley 4818″. Además, planteó críticas hacia
la forma en que terminó tratándose el proyecto del Ejecutivo.
Con reformas, entre ellas la
incorporación de los superficiarios a la Comisión de Seguimiento, la
modificación de la ley Q 4818 fue aprobada, en general, por mayoría, con los
votos del oficialismo y de los legisladores radicales Darío Berardi, Alejandro
Betelú, Marta Milesi, Alfredo Pega, Adrián Casadei y Héctor Funes.
La ratificación de los acuerdos
de renegociación de los contratos petroleros fue aprobada por mayoría con el
voto del oficialismo y los legisladores radicales Daniela Agostino, Francisco
González, Leonardo Ballester, Cristina Uría y Bautista Mendioroz, y de la
CC-ARI, Jorge Ocampos.
En primer término se debatió la
adhesión a la normativa nacional que, entre otros aspectos, unifica la política
energética de las provincias en materia de petróleo y gas. También establece la
participación de la renta con un mecanismo de aporte de las empresas y del
Estado nacional para los proyectos de inversión, que implica un 2,5 por ciento
con destino a Responsabilidad Social, y aportes nacionales para financiamiento
de infraestructura.
Los otros dos temas fueron
tratados y debatidos como proyectos independientes para aprobar las bases y
condiciones para la convocatoria pública a empresas titulares de concesiones de
explotación de áreas hidrocarburíferas otrogadas por el Estado Nacional.
Establece que las concesionarias que estén interesadas en la renegociación
deben inscribirse en un Registro abierto al efecto, que será creado e
instrumentado por el Ejecutivo.
En los sucesivos artículos del
mismo capítulo, propuso dejar sin efecto la obligación de las concesionarias de
abonar a la Provincia un “Adicional por Renta Extraordinaria”; obliga al
Ejecutivo a abonar mensualmente, a partir de la firma de los acuerdos, aportes
complementarios de petróleo y gas; y dejar sin efecto las condiciones mínimas
de renegociación establecidas en la norma provincial vigente.
Y finalmente se avanzó en la
discusión y votación de las ratificaciones a los acuerdos celebrados con
Petrolera Entre Lomas, Tecpetrol, Petrobras Argentina e YPF, YSUR Energía
Argentina, e YSUR Petrolera Argentina.
El debate
El debate se desarrolló con la
presencia del secretario de Estado de Energía de la Provincia, Marcelo
Echegoyen, funcionarios del organismo, la ministro de Turismo, Mariana
Giachino, el intendente de Catriel, Carlos Johnston, vecinos de la ciudad
petrolera y de otras ciudades, y representantes de organizaciones
ambientalistas.
En las bandejas se expresaron dos
posturas claramente diferenciadas, una en defensa de la renegociación de los
contratos y otra a favor de la preservación del agua y el medio ambiente.
Previamente se planteó la
posibilidad de la vuelta a comisiones del expediente, moción sometida a voto y
rechazada por mayoría.
Al comenzar la discusión, el
legislador Jorge Ocampos anticipó su oposición “a la utilización del fracking,
a las pastillas radioactivas que se caen en los pozos y a las deudas
ambientales de Petrobras, al ‘off-shore’ en nuestras costas, a los accidentes
en Allen que ocurren al lado de las plantas de peras y manzanas”. “Queremos
acompañar a la actividad petrolera, pero estamos en contra de la actividad
petrolera dañina, que no remedia, que contamina el agua y produce accidentes”,
expresó.
Ana Piccinini: La legisladora se
opuso al tratamiento deuna ley nacional “que ya rige en el país”, por lo que
“estamos tratando algo abstracto y sin fundamento, salvo que sea la de encubrir
la verdadera ofensa al derecho positivo de la provincia de Río Negro para
llevar adelante un trámite tan importante como es el relacionado con la
aprobación de los contratos petroleros. Seguidamente explicó que la Ley 27.007
es de carácter imperativo para todas las provincias. Criticó al Gobernador por
“no respetar la ley provincial 4818” y dio lectura a un comunicado de la Liga
de Intendentes.
Jorge Barragán: Reafirmó “el
compromiso del Gobierno provincial de llevar adelante la renegociación de los
contratos petroleros, que asumiera allá por el 2011. Lo hizo jerarquizando la
hoy secretaría de Medio Ambiente”. En respuesta a voces de la oposición,
manifestó que “es este Gobernador quien estuvo luchando para mostrar a la
comunidad la transparencia de este proceso y quien presentó a esta Legislatura
la Ley 4818 que se aprobó por unanimidad”. “Fue este Gobierno el que llevó el
tratamiento de Petrobras con la audiencia pública correspondiente y que
aceptamos como regla de juego de la democracia”.
Leonardo Ballester: Anticipó su
rechazo a la adhesión a la ley nacional. Consideró que “impacta de lleno contra
la ley provincial 4818” y “afecta la autonomía provincial”. Manifestó su
oposición al fracking: “No estoy de acuerdo con la utilización demillones y
millones de litros de agua para extraer petróleo. Es cierto que hay que seguir
extrayendo petróleo, pero de una manera razonable y sin contaminar lo menos
posible”, concluyó.
Bautista Mendioroz: Advirtió que
“el Gobernador está sujetando la aprobación de los acuerdos a la adhesión de la
ley nacional, pero fundamentalmente a la modificación de la ley provincial
4818”. Cuestionó varios puntos de la la ley nacional, entre ellos la falta de
previsión en inversiones para el cuidado ambiental, la duración de las
consesiones que establece y la autorización de la explotación no convencional.
“La Ley 4818 permitía la exploración, distinto es la explotación, porque la ley
claramente dice que esa instancia requiere una ley especial”, señaló. Sostuvo
que “todo esto es en favor de la empresas” petroleras.
Silvia Horne: Aseguró que la
27.007 “es una ley indispensable”. Consideró que con parte de lo que perciba la
Provincia como bono fijo se debería construir una Agencia Ambiental “muy
sólida”, habló de la necesidad de una “seria política ambiental, que es una
deuda que Río Negro tiene”. También pidió hacer una redistribución de lo
percibido por bono fijo y que quede establecido en la ley.
Facundo López: Defendió el
proyecto y cuestionó a la oposición: “Estamos perjudicando a los rionegrinos
por un capricho”, expresó. Señaló que existe “el temor de que al Gobernador le
ingrese dinero para hacer obras”. Con respecto a las criticas por la cuestión
ambiental, aseguró que se va a garantizar que la extracción sea “sin ningún
tipo de peligro”. Además, marcó la importancia de los ingresos que percibirá la
Provincia y el beneficio para los municipios.
Modificación a la 4818
Alejandro Betelú: Explicó que
hizo falta el tratamiento legislativo en este Parlamento para que la ley
nacional tuviera validez en Río Negro. “Ahora que está aprobada, sí es
obligatoria y afecta a la ley provincial 4818, que debe ser modificada en
consonancia con la norma nacional”, dijo. Recordó que “a finales de enero de
2015 las provincias no tendremos nada más que ver en esta materia, por eso no
entendemos que hayamos aprobado la ley nacional como pavos mansos y por eso la
hemos rechazado”.
Marta Milesi: Habló de la
dicotomía entre producción y medio ambiente al expresar que “toda política
fundamentalista es mala”. “Todos tenemos que convivir, pero el estado tiene la
función indelegable de la fiscalización y el control”, expresó más adelante y
adelantó su voto positivo en disidencia con la mayoría de los legisladores de
su bloque.
Ricardo Ledo: “¿Quién es el dueño de los recursos, las
provincias o el Estado Nacional, que avanzó sobre las provincias con esta nueva
ley?”, cuestionó. La norma “no dice si va a haber fracking, si los recursos
generarán trabajo o mano de obra”. “El debate debe pasar por quién va a hacer
uso del recurso”. “No van a venir desde Buenos Aires a controlar lo que no
controlamos desde aquí”.
Jorge Ocampos: Marcó una supuesta
“puja por el 2015″ dentro del propio sector oficialista, pero “reivindicó la
necesidad de la gente de Catriel”. “Lo importante de esta pelea es por el agua”
y por el resto de las cuestiones ambientalistas que ya señalara al debatir el
capítulo anterior del expediente. Adelantó su negativa al proyecto.
Bautista Mendioroz: Anticipó su
voto negativo y el de varios legisladores de su bloque a la modificación de la
ley provincial en tratamiento y el rechazo a todos los contratos petroleros
puestos a consideración en el expediente remitido por el Ejecutivo.
Roxana Fernández: Destacó la actitud de los legisladores
que no se retiraron del recinto y que por el contrario se quedaron a dar debate
“desde sus bancas y con responsabilidad, defendiendo sus intereses y
convicciones”. Quienes se retiraron, “de la misma manera, tampoco participaron
durante las distintas instancias que la ley establece para la discusión
institucional, criticando a qué comisión correspondía o no convocar a una
audiencia pública”. Recordó las obras públicas que podrán realizar los
municipios a partir de los fondos que generá la renegociación y cuestionó a
quienes han rechazado o diferido las últimas iniciativas enviadas por el
Ejecutivo.