Las modificaciones del Código Procesal
Penal nacional prescriben, entre otras cosas que las investigaciones no podrán durar más de un año, el proceso
tendrá menos formalidades, el juez dejará de investigar y habrá juicios orales
rápidos y filmados. La idea es recoger cuatro principios madre: celeridad,
oralidad, publicidad y 'desformalización'.
La difusión de estos cambios se dio a
conocer anoche a través de la agencia INFOJUS, luego del discurso de la
presidente Cristina Kirchner, que anunció el inminente envío del proyecto al
Congreso.
Un tema sensible para la sociedad son las
excarcelaciones durante el proceso o luego de la condena. Al respecto, dice el
portal: "En caso de que se dicte la prisión preventiva existirán plazos de
revisión de la medida cautelar". Para ello, se diagramará un catálogo de
medidas distintas al encarcelamiento para poder garantizar que el imputado esté
"a derecho". Además, "se creará una oficina dedicada al control
de estas medidas", aseguró, al tiempo que en una audiencia en la que
podrán intervenir las víctimas se resolverá si un preso condenado egresa de la
cárcel.
En otro orden, el nuevo código
"prevé que las investigaciones y los juicios sean orales, ágiles e
inmediatos". Asimismo, "adopta un modelo de justicia acusatorio: el
fiscal investiga, el defensor defiende y el juez resuelve". El código
actual es criticado porque los jueces cumplen la doble función de investigar y
resolver.
De acuerdo al texto que difundió esa
repartición informativa estatal, se prevé que "ningún proceso podrá durar
más de tres años" y se buscará "agilizar la revisión de las
decisiones".
"Reconoce la tutela judicial de la
víctima e incorpora la participación de la ciudadanía en el proceso de
administración de justicia a través de jurados, que tendrán que ser regulados
mediante una ley especial", indicó.
Además, el proyecto -señaló-
"introduce el principio de oportunidad procesal, que habilita al
Ministerio Público a desistir de la acción pública por insignificancia u otras
causales". El caso típico con el que se suele ejemplificar es el del robo
de una manzana. "Eso permitirá que los fiscales puedan aplicar una
política criminal estratégica, dando preponderancia a la persecución de delitos
más graves y para poder trabajar sobre la complejidad del crimen organizado.
También prevé la posibilidad de convertir la acción pública en privada para
determinados delitos, y regula la conciliación como una forma alternativa de
resolución", añadió.
El sitio da por hecho que "los
jueces dejarán de investigar y pasarán a transformarse en jueces de garantías",
para que sean los encargados de "autorizar o denegar determinados
requerimientos de parte del fiscal, que tendrá a cargo la instrucción de la
causa y la persecución penal integral".
"El juez velará porque ningún
aspecto de la investigación pueda vulnerar las garantías del debido proceso. El
Ministerio Público de la Defensa también tendrá mayores facultades para
intervenir en el proceso, generar investigaciones propias y establecer
mecanismos de organización útiles para el servicio de defensa pública oficial",
agregó.
Entre otros cambios se anunció que
"las asociaciones y fundaciones podrán ser querellantes" y "las
víctimas y los imputados tendrán más capacidad para participar en el
proceso". Infobae.
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