Sería un incremento significativo que
responde a una promesa que le hizo la presidente Cristina Kirchner a la CGT
oficial. Los gremios aseguran que el monto actual no alcanza para cubrir los
costos mínimos de atención.
Por estos días, la Superintendencia de
Servicios de Salud analiza subir a $700 los aportes que actualmente reciben las
obras sociales sindicales que prestan cobertura de salud a los jubilados de sus
respectivas organizaciones.
Las organizaciones que aguardan con
expectativa una respuesta en esa dirección son, entre otras, las de empleados
de Comercio, de Seguros, bancarios, municipales y trabajadores de Luz y Fuerza
y de Obras Sanitarias. De concretarse, se trataría de un incremento
significativo, toda vez que esos gremios reciben actualmente $192 por cada
jubilado; un monto que está muy por debajo de lo que insume el PAMI para darle
servicios de salud (además de turismo) a sus afiliados.
Los gremios involucrados afirman que con
el actual aporte no alcanzan a cubrir los costos mínimos de atención de sus
jubilados, que totalizarían unos 300 mil. Siempre sobre la base de una
"mejor orientación de los recursos", la central kirchnerista viene
reclamando también mayores fondos para garantizar la prestación médica de los
trabajadores monotributistas.
Cristina escuchó de boca de los
sindicalistas de su palo las lamentaciones por las "fuertes y serias"
dificultades financieras que vienen atravesando las obras sociales,
especialmente las más grandes; que se sienten víctimas de las prepagas por
entender que éstas "se quedan con la crema" del sistema.
Voceros gremiales confiaron a Infobae,
nuestra fuente, que esperaban novedades en forma inminente. Dicen que la
Presidenta afirmó que respondería con urgencia a este pedido sobre jubilados
con la misma vehemencia con la que descartó de plano la reapertura de
paritarias o la actualización de Ganancias.
En aquella reunión, los sindicalistas
hicieron dos jugadas más por el tema obras sociales: dejaron sobre el
escritorio presidencial un borrador de decreto para limitar los traspasos,
redactado por el ahora kirchnerista jefe del gremio de Obras Sanitarias, José
Luis Lingeri, ex titular de la Superintendencia de Obras Sociales durante la
era Menem.
Básicamente ese paper establece que los
nuevos trabajadores deberán permanecer por lo menos un año en la obra social de
su actividad, que los traspasos sólo podrán producirse durante dos períodos al
año y que el padrón de una obra social no deberá superar en más de un 20% a los
trabajadores de su actividad. Los cambios no serían retroactivos.
La idea es recortarle el margen a una de
las reacciones adversas que produjo la desregulación del sistema: el
encumbramiento de obras sociales que devinieron en auténticos sellos de goma,
que sólo captan aportes para derivarlos a las empresas de medicina prepaga.
El otro reclamo que hizo la CGT de Caló
pareció un tiro al aire: que el Gobierno le devuelva alguna vez, aunque sea en
cómodas cuotas, el pozo de 25 mil millones de pesos que retiene de las obras
sociales en una cuenta del Banco Nación.
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