La Cámara de Diputados convirtió esta
madrugada en ley, el proyecto del Poder Ejecutivo que reforma la ley de
Abastecimiento, lo que supone un avance sobre el control de las empresas,
inclusive la Unión Industrial Argentina (UIA) ya anticipó que pedirá la
inconstitucionalidad ante la Justicia. También sancionó la creación del fuero
especializado sobre consumo y de Observatorio de precios.
En una sesión que se extendió por más de
catorce horas, el oficialismo impuso su número para aprobar la modificación a
la Ley de Abastecimiento por 130 votos contra 105 (y 5 abstenciones), en la que
resultó la votación más ajustada por la resistencia que genera esta propuesta
en las grandes empresas y en la oposición.
En el proyecto de creación del
Observatorio de Precios el resultado fue de 136 a 104 y en la creación del
fuero específico el resultado fue de 202 a 36, por ser éste un proyecto con
alto grado de consenso entre las diferentes bancadas.
Para aprobar el primero de los textos el
kirchnerismo contó con la colaboración de habituales aliados como Frente Cívico
de Santiago del Estero, Nuevo Encuentro, PJ La Pampa, Movimiento Solidario
Fueguino y de opositores como el sindicalista Omar Plaini y la ex piquetera Ramona
Puchetta
El oficialismo ya había marcado su
poderío al inicio de la sesión cuando reunió 139 diputados, 10 más de los
necesarios para habilitar el debate, que fueron aportados por el oficialismo,
sus aliados, y los opositores Plaini, Puchetta y los delasotistas Carlos
Caserio y Blanca Rossi.
La discusión fue abierta por Diana Conti
(Frente para la Victoria) y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales,
quien aseguró que "estas tres leyes contribuyen a cumplir nuestra
obligación como Estado y permitir que el Poder Ejecutivo tenga los instrumentos
para defender de mejor manera a usuarios y consumidores".
Por su parte, el presidente de la
comisión de Presupuesto, Roberto Feletti (FPV), sostuvo que estas leyes buscan
"combatir la concentración de mercados", a la que definió como
"un condicionante de la democracia".
En el cierre del debate, la presidenta
del bloque oficialista, Juliana Di Tullio aseguró que la Argentina necesita
"un Estado fuerte para generar más derechos a nuestro pueblo frente a las
posiciones dominantes para tener una relación más equitativa entre producción y
consumo".
"La verdad que si la oposición fuera
gobierno no utilizaría" estas normas para defender y ampliar derechos de
los consumidores, aseveró, al tiempo que remarcó "esta vez no me duele que
la oposición esté en contra, porque están donde mejor se sienten, del lado de
los poderosos".
Desde la oposición, presidente del bloque
radical, Mario Negri, dijo sobre la Ley de Abastecimiento: "La edulcoraron
un poco, sacaron la pena de prisión, pero sigue siendo la vieja Ley de
Abastecimiento", al tiempo que afirmó que "es absolutamente
inconstitucional y busca discrecionalidad, pensando que generando temor se
puede generar disciplina".
Por su parte, y por el Frente Renovador,
el diputado y dirigente de la Unión Industrial Argentina, Ignacio De
Mendiguren, se definió como "desarrollista" y consideró que el Estado
"tiene que estar presente pero esa presencia tiene que ser justa, clara y
transparente", al fundamentar su rechazo al proyecto de reforma de Ley de
Abastecimiento y creación de Observatorio de Precios, aunque dijo que ese
bloque respaldará la creación del fuero para usuarios y consumidores.
Desde el PRO, Federico Pinedo, titular de
la bancada, dijo que "es la Constitución la que establece que quienes
aplican sanciones son los jueces penales, no los funcionarios del Poder
Ejecutivo" y que "el gobierno propone poner unos señores de la
Secretaría de Comercio a controlar los costos de cada transacción que se hace
en Argentina".
Por su parte, el economista y diputado de
Unen Martín Lousteau, señaló que "no hace falta votar esta ley porque hoy
están las potestades que está reclamando el gobierno nacional en estos
proyectos".
En tanto, la socialista Alicia Ciciliani
criticó el proyecto de actualización de la ley de Abastecimiento porque
"lo que está en debate es el Estado", pero defendió la creación del
nuevo fuero del consumo porque "facilitará a los consumidores para
defender sus derechos". La Nación.
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