El gobernador de Río Negro, Alberto
Weretilneck, definió el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia de
naturaleza legislativa, estableciendo un nuevo mecanismo de redeterminación de
costos de obras públicas que se desarrollan en la provincia.
La medida decidida por el Gobernador
generará un nuevo marco de redeterminación de precios con las empresas que
llevan adelante las distintas obras públicas, teniendo en cuenta la complejidad
de la situación por la que atraviesa el sector como consecuencia del incremento
de los costos y el índice inflacionario, entre otros puntos.
Actualmente la redeterminación de costos
está definida por el Decreto 791, que estipula que para aplicar la misma se
debía producir un salto del 12% en el costo o haber transcurrido seis meses. En
tanto, la nueva redeterminación se aplica en forma mensual y se abona con cada
certificado. Esto le permitirá a las empresas tener mayor previsibilidad ante
cualquier desfasaje en los valores de obra.
La medida del Gobierno de Río Negro
permitirá así que las empresas contratistas del Estado puedan tener mayor
previsibilidad para el desarrollo de las obras, al tiempo que se podrá así
mantener el nivel de actividad más allá de los efectos de las actuales
condiciones económicas que afectan al sector.
Cabe recordar que este nuevo sistema de
redeterminación de costos ya cuenta con la aprobación del Consejo de Obras
Públicas, integrado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el IPPV,
el Colegio de Ingenieros, la Cámara de la Construcción, la UOCRA, el Colegio de
Arquitectos, el Departamento Provincial de Aguas y la Dirección de Vialidad
Rionegrina.
En tal sentido, el Gobernador remarcó que
la medida es necesaria para la reactivación de las distintas obras en marcha,
cuyos costos han quedado desfasados por la inflación y otros indicadores, y en
consecuencia, muchos de los trabajos se han paralizado virtualmente ante la
imposibilidad de las empresas de hacer frente a esta situación.
“Esto nos ha generado una virtual
parálisis en muchas de las obras, con el consecuente aumento de la desocupación
en el sector de la construcción, la falta de cumplimiento de los plazos
previstos para la realización de los trabajos, la generación de una crisis en
las empresas y una gran incertidumbre en distintos sectores. Hay una realidad
que no se puede soslayar y estamos actuando en virtud de las necesidades
actuales”, señaló el Mandatario.
Cabe señalar que las variaciones de costo
van a ser reconocidas cuando se produzcan, y si se produce algún impacto como
consecuencia de la inflación, el mismo se verá reflejado mes a mes en las
certificaciones.
De esta manera, el nuevo sistema
permitirá reactivar obras paralizadas y finalizar otras que están en curso,
logrando de esta manera asegurar el nivel de empleo de la mano de obra que se
encuentra trabajando e incorporar nuevas fuentes laborales en obras que se
retomen e inicien.
Asimismo, permitirá implementar un
mecanismo más acorde a los incrementos de los materiales.
La aplicación del nuevo sistema de pago
de redeterminaciones permitirá crear un marco para trabajos a futuro, brindando
estabilidad y tranquilidad en la ejecución de la obra pública.
Por su carácter de naturaleza
legislativa, el Decreto de Necesidad y Urgencia será enviado a la Legislatura
Provincial para que este cuerpo tome la correspondiente intervención,
sancionándose la implementación de un nuevo régimen que permita excepcionalmente
reconocer en forma retroactiva mayores costos en distintas obras públicas,
derivados del contexto socioeconómico e inflacionario actual, y que impactan
directamente sobre esta actividad.
El artículo 181, inciso 6, de la
Constitución Provincial refiere que el Gobernador “puede dictar decretos sobre
materias de competencia legislativa en casos de necesidad y urgencia, o de
amenaza grave e inminente al funcionamiento regular de los poderes públicos, en
acuerdo general de ministros, previa consulta al fiscal de estado y al
presidente de la Legislatura. Informa a la Provincia mediante mensaje público.
Debe remitir el decreto a la Legislatura dentro de los cinco días de dictado,
convocando simultáneamente a sesiones extraordinarias si estuviere en receso,
bajo apercibimiento de perder su eficacia en forma automática. Transcurridos
noventa días desde su recepción por la Legislatura, sin haber sido aprobado o
rechazado, el decreto de necesidad y urgencia queda convertido en Ley”.
Se destaca en tal sentido que la urgencia
y necesidad de esta nueva norma está dada en la paralización de la obra pública
como consecuencia de la imposibilidad de las empresas de continuar realizando
los trabajos a partir del incremento producido en los costos, así como en el
efecto que esta situación produce en el sector de la construcción, y
especialmente en la pérdida de empleos directos e indirectos, que ha producido
una importante crisis en los últimos tiempos.
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