"Conocido es por todos los
rionegrinos el caos administrativo que existe en todas las áreas y la
persecución gremial, política, laboral y personal del actual gobierno
provincial desde que asumió sus funciones, pero las desprolijidades e
irregularidades parecieran no tener fin. El colmo del accionar ilegal del Poder
Ejecutivo se da a partir de su intento de prohibir por decreto ley, que los
trabajadores del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) puedan realizar
reclamos colectivos y tener afiliación sindical".
"Desde la Asociación Trabajadores
del Estado (ATE) se considera, al referido decreto, como una verdadera
aberración jurídica y como una flagrante violación a la Constitución Nacional".
"A medida que transcurre el tiempo
es más clara la muestra del sentimiento de impunidad que existe en la mayoría
de los funcionarios del Gobierno. No existen dudas que, con medidas como ésta,
se apela a la ilegalidad, para tapar la desidia, la falta de capacidad y el
fracaso de la gestión para garantizar a toda la ciudadanía un servicio
penitenciario que cumpla el rol esencial de resocialización".
"Por estos días se encuentra en
debate si constitucionalmente corresponde a las fuerzas de seguridad sindicalizarse,
pero los trabajadores penitenciarios no constituyen una fuerza de seguridad,
sino que son, en todos los casos, personal civil".
"La aludida medida, pretende
además echar por tierra con los derechos adquiridos desde hace muchos años por
los trabajadores, ya que no solo se encuentran sindicalizados en distintas
entidades, sino que han elegido representantes delegados de base y miembros de
comisiones directivas provinciales y de seccionales de los sindicatos, que
gozan de toda la protección y tutela surgidas de la leyes nacionales y
provinciales vigentes".
"Con esta decisión ilegal, el
Poder Ejecutivo provincial persigue el objetivo de acentuar la precarización
laboral de los empleados del sector y profundizar la violación de derechos
esenciales dentro de los penales, para que no puedan existir reclamos y evitar
las permanentes denuncias sobre el estado desastroso de las cárceles y la notoria
incapacidad de gestión de los responsables políticos y administrativos".
"Cuando hablamos de
irregularidades e ilegalidades en el gobierno pareciera ser que siempre puede
existir una sorpresa mayor. Los estudiantes de derecho de primer año pueden advertir
que este decreto es una verdadera aberración jurídica y además
inconstitucional. Medidas de esta naturaleza, solo pueden tomarlas funcionarios
que crean que gozan de una absoluta impunidad", sentenció Rodolfo Aguiar,
Secretario General de ATE Río Negro".
"Uno de los mayores fracasos del Gobierno está dado
por la inexistencia de políticas penitenciarias y de seguridad a lo largo de
los últimos casi tres años. Se cansaron de violar todos los derechos de los
trabajadores penitenciarios y ahora quieren cubrir la desidia que han tenido
con el sistema, quitando por la fuerza y violado leyes, el derecho de éstos a
afiliarse a un sindicato", cuestionó el dirigente estatal y completó:
"Vamos a instrumentar rápidamente todas las medidas que sean necesarias. Es
obligación nuestra y de todos los rionegrinos impedir que los políticos sigan
actuando al margen de la ley y pretendan responsabilizar a los trabajadores
por su alarmante incapacidad".
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